Todos los jóvenes que deseen estudiar carreras agropecuarias, tendrán acceso a la educación superior
Quienes hemos tenido la oportunidad de evaluar el proyecto de ley que crea el Fondo de Ahorro Pro Educación Superior Agropecuaria , ya prohijado por la Comisión de Educación y quede debe ser sometido al primer debate para cumplir con el protocolo que lo ha de convertir en ley de la República, estamos convencidos de que esta ley será de transcendencia, en cuanto que cumple con una series de principios básicos que deben caracterizar las leyes con proyección social.
En primer lugar, la ley cumple con el principio de universalidad, en cuanto que todos los jóvenes que deseen estudiar carreras agropecuarias, tendrán acceso a la educación superior. Cuando las normas exigen requisitos tales como dos fiadores para tener acceso a un crédito educativo, deja de ser universal, porque excluye a los estudiantes que no pueden cumplir con ese requisito, que generalmente son los de más bajos recursos y que no tienen unos padres con empleos formales y permanentes, que pudiesen ser fiadores.
Es un ejemplo de solidaridad, en cuanto transfiere recursos de los que más tienen a los que menos o nada tienen. Todos los programas públicos deben tener esa orientación, para promover la equidad y, en estos casos, los fondos provendrán de otros sectores de la economía, sin que ello implique nuevas cargas impositivas. Se promueve la equidad, cuando todos los bachilleres agropecuarios podrán culminar sus estudios a nivel universitario. Por definición, todos los bachilleratos tienen una formación propedéutica, que debe culminar con estudios universitarios, para tener las competencias que le permitan insertarse en el mercado laboral. Con colegios agropecuarios a lo largo y ancho del país, la inversión que hace el Ministerio de Educación se diluye, cuando estos jóvenes no puedan continuar estudios universitarios, lo que crea un grado de frustración en aquellos que con ilusión y por vocación optan por una carrera agropecuaria, y que culminan emigrando a otros sitios en busca de oportunidades, a realizar otras tareas que le permitan subsistir.
Todos al unísono expresamos que el sector agropecuario está deprimido, que no somos autosuficientes para producir nuestra comida, que la participación del sector agropecuario en el PIB es decreciente, que los costos de la canasta alimentaria aumentan y que requerimos aumentar los niveles de productividad. La pregunta que nos hacemos, si existe la asociatividad para que todos los sectores involucrados definamos la línea de ruta a seguir para superar la crisis del sector.
La visión del estadista es observar en el horizonte lo que puede ocurrir si no actuamos en este momento. Los técnicos del sector tienen una edad promedio de 55 años, próximos a retirarse, se necesitan programas de extensión, para que quien tenga un pedazo de tierra lo haga producir, los productores han abandonado sus campos por falta de incentivos y condiciones para hacer la actividad agrícola rentable. Si no promovemos el recurso humano, que es la piedra angular de todo proceso, tendremos un futuro incierto.
Señores diputados, esta es la oportunidad de empinarse y aprobar una ley desarrollista, con un sentido de justicia social, que trata de valor agregado a esa inversión social que hacemos en los colegios agropecuarios, para que estos jóvenes puedan culminar los estudios universitarios y se queden en sus regiones, haciendo lo que realmente le satisface: trabajar la tierra.
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OTEIMA.